Entrevista con el director de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre la confrontación entre el presidente y un sector de la prensa.
“La FLIP no está planteando, en ningún momento, un enfrentamiento con el presidente, ni más faltaba”, explica Jonathan Bock.El Gobierno cumple un año de actividades. En este tiempo, ¿los medios, han dispuesto de libertad informativa y de opinión o ha sido restringida por la Casa de Nariño?
Insisto en lo que dije sobre las quejas que ha recibido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: en junio pasado, sus voceros se reunieron con 35 periodistas de medios regionales y nacionales, entre ellos varios directores y reporteros, que transmitieron la percepción de que están ejerciendo sus tareas en un escenario difícil, el de los enfrentamientos del presidente con ciertas publicaciones, y con mayor presión.
Ante una información falsa hecha con premeditación o que resulte mal intencionada, existen sanciones civiles y penales que afectan al medio de comunicación. Esa conducta no se puede defender por cuanto el principio de veracidad es condición sine qua non en el recto ejercicio periodístico y es la base de la protección constitucional con que cuenta.
No, claro que no. Lo que padeció el Colectivo de Abogados fue persecución ilegal y el símil que recordé resulta exagerado: no tenemos ningún indicio de que esas prácticas se estén aplicando en contra de los miembros de la FLIP. Sin embargo, hemos sentido que hay ataques coordinados en las redes en nuestra contra, como ya dije. Se trata de grupos abiertos o anónimos de seguidores del presidente, aun cuando no sean dirigidos por el mandatario.
Hace poco le escuché una frase a la periodista Martha Ruiz, que me parece un buen resumen de la realidad: “En Colombia no hay censura, tampoco hay libertad de expresión”. Todos los ataques que usted describe y que ocurrieron en los últimos veinte años han manoseado, apretado y herido a un periodismo ya muy frágil. Se olvida que en Colombia han sido asesinados 165 periodistas en los últimos 45 años.
El presidente tiene derecho a la réplica y a proteger su buen nombre. Y cuenta con herramientas jurídicas para lograrlo. Eso nunca ha estado en duda. Pero no tiene el mismo grado de libertad de expresión que el resto de ciudadanos, aunque sea una premisa difícil de comprender.
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